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Ante
la Ley de despenalización de la oferta sexual en las calles
Declaración
de los Obispos de la Provincia de Entre Ríos
Hace
unos días fuimos sorprendidos por la aprobación por parte del
Senado Provincial de una Ley que despenaliza la oferta sexual en las
calles. Esta sorpresa es, además, una pena pues consideramos que
dicha Ley ignora o pasa por alto derechos y principios que tocan la
dignidad misma de las personas, lesiona la solidez de la familia,
afecta la moralidad pública y perjudica la educación de niños y
adolescentes: todo esto es precisamente lo que debe cuidar un
legislador al sancionar una ley.
Queremos
reafirmar el derecho al trabajo que tiene todo hombre y mujer. Pero
sostenemos que dicho trabajo debe ser digno de la persona,
atendiendo a su integridad física, moral y social. El ejercicio de
la prostitución ha sido y es una degradación perversa de quien la
ejerce y una forma aberrante de esclavitud a lo largo de toda la
historia humana. Ofende la dignidad de toda persona humana, tanto de
quien la ofrece como sobre todo del que se aprovecha de esta
situación.
No hay justificación
para promover este tipo de práctica.
No ignoramos que muchas
personas, sobre todo mujeres de condición humilde, estén tentadas
y empujadas a ejercer esta práctica, degradante y denigrante, por
la terrible situación que estamos viviendo. Pero no es con tal
tolerancia como se soluciona este problema sino buscando el bien de
y la dignidad de la persona, única garantía del bien común. Al
Estado corresponde, con todos los poderes que tiene, procurar la
búsqueda de formas y ofertas laborales para todas las personas, en
especial las más necesitadas, y no hundirlas en el vicio o
exponerlas a la explotación de personas inescrupulosas que nunca
faltan en esto que desgraciadamente muchos llaman 'comercio'.
Al lamentar esta
situación, suscitada por la promulgación de una disposición legal
que no ha sido ni propuesta en plataformas, ni debatida, ni
consultada en la sociedad, ni con quienes resultarán afectados por
la misma; exhortamos a las autoridades competentes a poner freno a
esta legislación que consideramos antinatural y que llevará a un
permisivismo fatal, favoreciendo la degradación de la moral
pública.
Como pastores de
la Iglesia nos sentimos responsables de la salud e integridad moral
de todos nuestros feligreses y partícipes en la búsqueda del bien
común de todos los miembros de la sociedad: por todo esto pedimos
serenidad y reflexión para recapacitar sobre los alcances que esta
medida puede tener para nuestra sociedad. Y, luego, tomar las
medidas y decisiones que conduzcan a preservar la salud moral de la
población.
Exhortamos a
nuestro feligreses a pedir insistentemente al Señor, luz para que
las autoridades a las que compete tomar las resoluciones pertinentes
actúen teniendo en cuenta los intereses de la salud moral de la
población y la defensa y protección de las familias y de los
sectores de la población más necesitados y expuestos.
16 de septiembre de 2003
Héctor S. Cardelli
Mario L. B. Maulión
Luis E. Eichhorn
Obispo de Concordia
Arzobispo de Paraná
Obispo de Gualeguaychú
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